Rescatamos el "resumen" que se marca Quincemil sobre la más reciente novedad en la polémica entre Tranvías de Coruña y el gobierno local de Marea Atlántica, que en 2019 acometió una histórica baja de tarifas del bus, en un escenario en el que el telón de fondo eran las cifras de beneficios anuales de la empresa: la justicia no respalda la denuncia de la empresa.
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El Juzgado del Contencioso-Administrativo número 4 de Coruña viene de desestimar el recurso interpuesto por la Compañía de Tranvías contra los acuerdos de 2019 del anterior gobierno local de Marea Atlántica, que establecían la bajada de las tarifas del bus urbano coruñés.
Aquella rebaja -de 1,30 euros a 1,20 en la tarifa general y con viajes gratuitos para menores de 13 años o reducciones en el bonobús- fue rechazada por la empresa concesionaria, que presentó un recurso y alegó que rompía con el convenio firmado con el Concello, a quien acusaba de modificarlo de manera unilateral. La Justicia deshecha sus argumentos en un dictamen contundente que es recurrible en apelación en un plazo de quince días.
La magistrada advierte de que no hubo un cambio en el contrato, sino que se adecuó al derecho comunitario. El dictamen aclara que en el propio convenio entre ambas entidades se indica que
la revisión de tarifas se llevará a cabo
según la "fórmula polinómica" que consta en el artículo 20 del Reglamento de Funcionamiento del Servicio que
"prevé un beneficio de un 15%" para la empresa concesionaria, "muy inferior al beneficio declarado por la propia Compañía".
"Resulta que el beneficio industrial real declarado por la concesionaria es más del doble de aquella cifra" (una circunstancia que -asegura la jueza- "justificaría por si sola la revisión de las tarifas").
"Se detectó un beneficio industrial extraordinario o excepcional por excesivo y, teniendo en cuenta la duración del convenio, 38 anos, entra dentro de lo razonable y proporcionado que el Concello pueda revisar las tarifas cuando estas, durante tantos años, fueron revisándose siempre al alza y siendo desproporcionado el equilibrio entre el beneficio de la Compañía y el interés público de los ciudadanos"
“Esto también determina que no proceda compensación económica ninguna, pues el beneficio de la Compañía de Tranvías pasa de ser extraordinario a razonable”
El dictamen insiste, además, en que la revisión de las tarifas tiene "el adecuado soporte jurídico", tanto en el convenio de la concesión como en los reglamentos de servicios de las corporaciones locales o en la Ley de Contratos del Estado. Tanto por la posibilidad de proceder a una revisión de las tarifas de carácter extraordinario como las potestades de un Concello para la "alteración de las tarifas a cargo del público".
La sentencia es clara al advertir de un beneficio “extraordinario o excepcional, por excesivo” de la Compañía de Tranvías, por lo que la jueza entiende que, considerando la duración del convenio de 38 años, "entra dentro de lo razonable y proporcionado que el Concello pueda revisar las tarifas”, más aún después de que los importes fuesen siempre revisados "al alza" hasta 2018.
"La circunstancia detonante de la revisión extraordinaria acordada por la Junta del Gobierno Local el 28 de diciembre de 2018 no es otro que el reconocimiento por la propia concesionaria, año tras año, de un margen de beneficios que resulta incompatible con las exigencias del derecho comunitario, y en último termino, con el interés público que debe preservar cualquier Administración Pública", aclara la jueza, que recuerda que el beneficio antes de impuestos de la Compañía de Tranvías en 2016 es de casi 6 millones de euros (5,93).
A pesar de todo, en 2019 (el primer año en que el Concello redujo las tarifas después de 32 años de subidas y cuatro de congelación) la Compañía de Tranvías cerró el ejercicio con un beneficio de 3,32 millones de euros. En 2018 fue de casi 4 millones (3,78).
"Ante tal tesitura, resulta obligado ejercer la potestad que reconoce no solo la normativa de aplicación al contrato sino mismamente el propio convenio", insiste la sentencia.
Esta ya advierte de que la posibilidad de "intervención en las tarifas a abonar por los usuarios de servicios públicos está reconocida en la jurisprudencia como un mecanismo para corregir desequilibrios y evitar un beneficio excesivo a costa de los usuarios del servicio".
Respecto a la alegación de la Compañía de que la rebaja debería conllevar alguna compensación, la magistrada también es clara al recordarle a la empresa "un dato objetivo muy revelador": "La rebaja de la tarifa provocó un notable incremento de usuarios, lo que deriva en un incremento de ingresos a la concesionaria".
La Compañía de Tranvías intentó en varias ocasiones bloquear la rebaja en las tarifas al considerar que el contrato de concesión firmado en 1986 establece una revisión siempre hacia arriba. En 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya consideró que la concesión de los buses de Coruña debería ajustarse a la normativa europea y evitar que la empresa se beneficiase de "ingresos y/o ventajas" que le permiten exceder por mucho las ganancias necesarias para cubrir los costes del servicio "más unos beneficios razonables". Además, recordaba que el convenio de hace más de 30 años fue firmado sin concurso y debía ser revisado por la Comisión Europea por si la firma recibiese "ayudas de Estado ilegales".
Con la revisión de las tarifas aplicadas por el anterior gobierno local,
un viaje pagado con la tarjeta bonobús pasó de los 85 céntimos a 75, mientras que uno ordinario quedó en 1,20 euros frente a los 1,30 anteriores. Además, el bonobús social quedó en 33 céntimos, el universitario en 30, mientras que
se estableció la gratuidad de los recorridos de los menores de 13 años y de los transbordos en cualquier línea.
Desde Marea Atlántica, una vez conocida la sentencia, celebraron lo que, en palabras de la portavoz municipal, María García, es una "demostración de que el gobierno de Xulio Ferreiro tenía razón en sus argumentos, a pesar de las dudas que la alcaldesa Inés Rey y su equipo llevan dos años expresando, dos años en blanco en cuanto a medidas de fomento del transporte público”.
Además, García exigio “la implantación inmediata de las nuevas tarifas con descuentos para mayores de 65 años y menores de 25”, tal y como recoge el acuerdo entre Marea Atlántica y PSOE para el primeir año de mandato.
“Ahora ya no hay excusas para no cumplir”
Desde el Concello, la alcaldesa Inés Rey considera que el veredicto es "positivo" para los intereses municipales pero lo asume con cautela puesto que “la sentencia todavía no es firme”.
"Sempre defendín estudar as posibles baixadas das tarifas para mellorar o transporte público, iso si, sempre desde o diálogo coa concesionaria, posto que facelo de forma unilateral pode chegar a paralizar novas melloras no servizo e xera incerteza para as arcas municipais"
El ex-concejal de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío, cree que la sentencia...
“... pon de manifesto que as condicións económicas do contrato de transporte público son moi prexudiciais para o Concello e a cidadanía da Coruña, aínda que outros gobernos escollesen calar ante elas"
Marea Atlántica recuerda:
"Tranvías leva once meses de pandemia sen reforzar as liñas nas horas punta, e varios anos sen facer melloras na frota, coa escusa de que a baixada do billete reducía os seus beneficios"
Concluye Marea afirmando que en 2018 Tranvías cerró el año con 30 veces más beneficios que la empresa de transportes de Vigo (pero nos apuntan al Blog Busurbano que, aun siendo empresas de transporte urbano las dos, sus características son relativamente distintas, en cuanto a establecer esta comparación de beneficios).
Fuentes:
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