Competencia insta a revisar
la concesión de Tranvías y
cuestiona el cálculo de beneficios
La Comisión Nacional concluye que el contrato debe remitirse a la Comisión Europea para que esta dictamine si la empresa ha cobrado ayudas de Estado "ilegales" y si debe proceder a devolverlas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el régimen económico de la concesión de los buses urbanos "necesita obligatoriamente" ajustarse, ya en 2018, a la normativa europea. El nuevo régimen tendría que evitar, indica, que la Compañía de Tranvías se beneficie de "ingresos y/o ventajas" que le permiten exceder el importe necesario para cubrir los costes del servicio "más unos beneficios razonables". Dado además que la concesión se basa en un convenio firmado sin concurso alguno en 1986, el órgano fiscalizador concluye que debe someterse a revisión de la Comisión Europea (CE) para que esta determine si la empresa ha recibido "ayudas de Estado ilegales" y si debe devolverlas.
El Concello solicitó un informe en enero de este año a la Comisión de la Competencia sobre la revisión de la tarifa del transporte urbano de A Coruña que tramita el Concello.
La Compañía de Tranvías ofrece el servicio en virtud de una adjudicación directa que realizó el Pleno de A Coruña en 1986, formalizada a través de un convenio y con una duración de 38 años. Fijaba su final en 2024, una fecha revisada por el Gobierno local el pasado año, que dio por expirada la concesión y prorrogó dos años el servicio para dar tiempo a convocar un nuevo concurso. La cuestión fue recurrida por la empresa y está pendiente de resolución judicial. El Concello debe decidir, según el planteamiento hecho frente a Competencia, si continúa con la licitación anunciada o solicita a la CE autorización para continuar con el actual contratista para "evitar consecuencias económicas o jurídicas indebidas".
El informe de Competencia, con fecha del 24 de abril, relata que la adjudicación directa durante el Gobierno de Francisco Vázquez se elaboró acorde a un reglamento de 1969. Pero el marco legal ya ha sido modificado en dos ocasiones desde entonces, en 1992 y en 2009, "sin que el convenio fuese aparentemente adaptado".
La CNMC destaca que el convenio de Tranvías cubre todos sus gastos y costes, incluyendo el beneficio industrial, "pero asegura la ausencia de pérdidas".
También subraya que incluye "posibles compensaciones en favor del concesionario cuando una modificación le cause perjuicios" sin "prever medida alguna para el supuesto en el que el establecimiento de nuevos servicios le pueda resultar favorable, en cuyo caso incrementará sus beneficios sin contrapartida en favor del erario público".
Añade el ente:
"Se han producido compensaciones adicionales al operador para la reducción del precio de las tarifas a pagar por los distintos tipos de usuarios, (estudiantes y universitarios)"
También pone el foco en la revisión anual de las tarifas siempre al alza:
"No se prevé que la revisión de las tarifas pueda ser a la baja"
"La CNMC considera que el régimen económico aplicable al concesionario para el año 2018 necesita obligatoriamente ajustarse a las exigencias recogidas en el reglamento [de 2009]", exhorta el órgano tras analizar los documentos enviados por el Concello, incluido un informe de Tranvías de 2017 en el que la concesionaria defiende que el sistema se ajusta a la legalidad.
Avala así la "revisión de las condiciones económicas" para ajustarlas a la ley...
"... habida cuenta de que existen indicios en el régimen económico aplicado en estos 30 años de concesión en cuanto a una posible sobrecompensación en favor de la empresa prestadora del servicio, que le genera unas rentas regulatorias que exceden lo que se puede considerar los costes netos más un beneficio razonable"
"De no ser así" y si se decidiesen mantener las condiciones del convenio, "caracterizado por atribuir un margen comercial al concesionario que anula el riesgo operacional de su gestión y fortalece su posición competitiva", el Concello debe, según Competencia, notificar la medida a la CE para que evalúe "la posible existencia" de una ayuda de Estado incompatible con la legalidad europea. Hasta el pronunciamiento, advierte además el órgano, debería "suspenderse cualquier pago efectivo" a Tranvías.
En la propuesta del Concello a Competencia, el Gobierno local sugería aplicar una serie de mejoras en las tarifas para paliar la "sobrecompensación" que estaría teniendo la concesionaria.
Uno de estos escenarios planteados para ajustar pasaría por:
- la gratuidad de todos los transbordos
- la gratuidad de los viajes para menores de 13 años
- la rebaja del billete general a 1,10€
Sin embargo, la CNMC señala que, dada la situación y la normativa, ese no es el camino y que debe ir más allá de una rebaja en las tarifas y modificar "los parámetros sobre cuya base ha de calcularse la compensación".
En todo caso, y dado que el Concello nunca ha preguntado a la Comisión Europea si el convenio podría seguir como se diseñó en 1986, "cabe su consideración como ayuda de Estado ilegal, es decir, no notificada a la CE". Por tanto, Competencia considera que se debe notificar a la CE el régimen por el cual se ha prestado el servicio en las últimas tres décadas para que esta decida sobre la "legalidad y compatibilidad de las eventuales ayudas que haya podido disfrutar la empresa operadora del servicio".
El objetivo es "constatar la adecuación al Derecho de la UE" del convenio y, en su caso, "se proceda a la recuperación de las ayudas de Estado que pudieran haberse otorgado y fuesen incompatibles con el Tratado, en aras del interés general y de los ciudadanos".
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