Tranvías dice que no repercutirá en el billete la subida del 5,5% para la plantilla tras la desconvocatoria de la huelga.

La plantilla de la compañía de Tranvías, la concesionaria del transporte urbano, está convocada hoy a dos asambleas (10 y 17 horas) para votar el acuerdo al que llegó, ayer de madrugada, el comité de empresa con la dirección tras nueve horas de negociación y que si es aprobado podría fin a la convocatoria de huelga anunciada con paros para primeros de mes y como huelga indefinida a partir del día 15.

Aunque el presidente del comité de empresa, Miguel Campos, rechazó avanzar, antes de que lo supieran sus compañeros, el acuerdo alcanzado, el gerente de la compañía, José Prada, reconoció que se pactó una «subida salarial de un 4% este año, que con otros pluses ronda el 5,5%». Prada, que se mostró satisfecho con la desconvocatoria de los paros, apuntó que el acuerdo es extenso, de ocho folios, aunque las mayores novedades son la subida que ronda el 5,5% en los sueldos de la plantilla y los pluses para los trabajadores que trabajan los domingos y los festivos.

Aunque reconoció que «desde el punto de vista empresarial nos gustaría que hubiese sido menos e imagino que a los trabajadores que fuese más, lo más importante es que se ha desconvocado una huelga en un servicio público», consideró. Inicialmente las reivindicaciones de la plantilla eran de un incremento de 6,28%, mientras que la empresa había ofertado una mejora salarial del 4% para los tres próximos años.

Prada afirmó que esta subida en el coste del personal no se repercutirá en el precio del billete, con lo que zanja la polémica surgida durante las negociaciones del convenio, en las que el gerente de la empresa había apuntado que debería sufragarse con un encarecimiento de las tarifas, teniendo en cuenta una reducción de los pasajeros y el precio de los carburantes.

«No lo valoramos en este momento», reconocía ayer Prada, respecto a un próximo incremento del coste del billete.

La plantilla de Tranvías está formada por 252 trabajadores y sus representantes consideraban que la compañía pretendía forzar un retroceso en los derechos ya adquiridos, como la reducción de lo que cobran por quebranto de moneda o una mayor flexibilización de su jornada de trabajo.

Fuente: La Voz de Galicia